El Jefe del Estado Mayor de la Defensa de Uruguay, José Bonilla, pidió que se esclarezca quiénes son los militares responsables del asesinato del maestro Julio Castro, cuyo cuerpo fue hallado en un cuartel con signos de haber sido ejecutado, para que sean juzgados, informó la prensa local. Esta es la primera vez que un militar uruguayo en activo, en esta ocasión el máximo jerarca militar del país, pide enjuiciar a sus pares por delitos cometidos durante la dictadura (1973-1985). «Hay que investigar. Estas cosas no son comunes en la fuerza. Se tiene que saber quiénes son los culpables», dijo Bonilla en declaraciones recogidas por el diario El Observador.
Bonilla se mostró contrariado por la información de que Castro, un maestro rural y periodista de 68 años, cuyos restos fueron hallados en Batallón 14 del Ejército en octubre, pero que solo fueron identificados plenamente el pasado jueves, había sido torturado, atado de pies y manos y ejecutado de un tiro en la cabeza. «La situación no es reflejo de las Fuerzas Armadas de hoy ni de ningún tiempo. Una cosa es matar en un enfrentamiento y otra cosa es ejecutar a una persona. No comparto para nada esas prácticas», dijo el general.
La revelación de los hechos que rodearon la muerte de Castro ha supuesto un duro golpe a las justificaciones esgrimidas por los militares de la época de la dictadura, quienes sostienen que las personas muertas bajo su custodia lo hicieron por «excesos» cometidos por algunos uniformados durante sesiones de tortura y no de forma deliberada. En ese sentido se expresó el secretario de la Presidencia del Uruguay, Alberto Breccia, quien señaló que lo sucedido con Castro «cambia el panorama» y enfrenta al país al caso de un «desaparecido que no habría muerto, como venía diciendo el discurso, porque ‘se les fue la mano'».
Maestro rural, activista y fundador del semanario Marcha así como del hoy partido oficialista Frente Amplio, Castro fue detenido por el régimen el primero de agosto de 1977, a los 68 años de edad. La identificación de los restos se produce un mes después de que el Parlamento uruguayo aprobara una ley para evitar la prescripción de los delitos de la dictadura que ya ha sido puesta en duda por varios constitucionalistas. En agosto pasado el presidente uruguayo, José Mujica, del izquierdista Frente Amplio, excluyó el caso de Castro de la Ley de Caducidad, una ley que impide juzgar los crímenes de Estado cometidos durante la dictadura salvo decisión expresa del Ejecutivo de turno.
Fuente: EFE (De: espectador.com 3.12.2011)
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