El fiscal general de la Nación, Jorge Díaz, participó de la tercera reunión sobre seguridad realizada este jueves entre el Presidente Tabaré Vázquez y los delegados de partidos políticos con representación parlamentaria. Según sus palabras, fue invitado a expresar su opinión sobre los cuatro proyectos vinculados al código de proceso penal, que con las modificaciones previstas podría ser aplicado a partir de 2017.
Una vez finalizada su participación en el encuentro, Díaz realizó una conferencia de prensa en la cual informó que fue invitado en nombre de la Fiscalía General de la Nación para brindar su opinión sobre los proyectos vinculados al código del proceso penal.
Según Díaz la Fiscalía General de la Nación estaría en condiciones de aplicar las modificaciones a estos proyectos a partir del 1 de febrero del 2017.
Se trata de cuatro proyectos: uno denominado de implementación parcial del código del proceso penal que había sido elevado por el Poder Ejecutivo en agosto del año pasado al Parlamento y aún está a estudio del senado; otro proyecto sobre proceso abreviado, otro sobre salidas alternativas al conflicto que contiene los acuerdos reparatorios y la suspensión del proceso a prueba y un cuarto proyecto sobre la ampliación del principio de oportunidades y el nuevo estatuto de los fiscales.
“Lo que nosotros hicimos al ser consultados como Fiscalía General de la Nación fue dar nuestra opinión sobre cada uno de estos proyectos y explicitar por qué teníamos esa opinión”, aclaró Díaz.
A su entender, el denominado “de implementación parcial “corregía algunos defectos de estructura y debía ser implementado como una implementación definitiva y no parcial del código. “En este sentido, dijimos que era necesario realizar estos ajustes y dimos nuestra posición favorable sobre el proceso abreviado, que tiene como modelo el proceso redactado para Latinoamérica en el año 1989 que ha sido seguido por varios países y ha sido implementado exitosamente”.
Con respecto a las salidas alternativas la suspensión del proceso a prueba y los acuerdos reparatorios dijo que se trata de soluciones satisfactorias que permiten descongestionar el sistema penal y logrando que, al igual que ocurre en la región, solo lleguen a juicio oral y público el 10% de los casos.
Díaz agregó que también se opina de forma favorable en lo relacionado a proyecto del estatuto de los fiscales que fuera aprobado por el consejo consultivo de la fiscalía.
Consultado sobre su opinión acerca de los proyectos presentados por la oposición dijo que no los conoce porque no le fueron remitidos y tampoco se le fue consultado en esta ocasión.
Finalmente, el fiscal afirmó que una política pública de seguridad comprende cuatro acciones básicas: la prevención del delito, la represión; la investigación criminal y la persecución penal. A su entender estas cuatro acciones deben estar armonizadas de forma tal que el accionar del Estado sea uno solo y para eso es necesario modificar el sistema procesal actual.
Tal afirmación obedece a que el sistema procesal actual coloca en la cabeza de jueces independientes la dirección de la investigación criminal y esa independencia que es un “valor” a la hora de juzgar se transforman en un “disvalor” a la hora de llevar a cabo la investigación. “El cambio es necesario para poder armonizar estratégicamente estas cuatro acciones y sin ese cambio eso no se podrá hacer. Estas modificaciones en el sistema penal son absolutamente necesarias, aunque no suficientes, para poder desarrollar una política pública de seguridad”, concluyó.
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