El Ministerio del Interior y la Intendencia de Artigas desarrollarán en conjunto un proyecto que promueva la rehabilitación de personas privadas de libertad, mediante el trabajo en emprendimientos productivos agrícolas y la generación de biocombustible, con la instalación de una micro-usina. La iniciativa se desarrollará en la chacra policial que se encuentra en ese departamento en la que podrán trabajar hasta 50 reclusos. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi y la intendenta de Artigas, Patricia Ayala, firmaron la pasada semana dos convenios.
Uno refiere al comodato para la instalación de la primera micro-usina generadora de alcohol a partir del boniato y otros productos agrícolas.
Ayala explicó que la Intendencia tiene el objetivo de que Artigas se transforme en un departamento productor de biocombustibles y energía, lo cual será posible a través de la instalación de la micro-usina, la cual permitirá ampliar la producción de alcohol a todo el departamento. A su vez, explicó que la intendencia desarrolla proyectos con pequeños productores hortícola y criadores de ovinos y cerdos, y recordó que existe un proyecto para insertar a la población privada de libertad en esta forma de producción, como rehabilitación. “Una vez que ellos puedan obtener su libertad, podrán también canalizar su inserción laboral a través de la producción agrícola”, destacó.
En ese sentido, el segundo convenio implica utilización de una chacra policial, ubicada en un lugar estratégico para la producción —entre Guayubira, Estiva y Tierras de Pintado— que permita a unos 50 reclusos poder trabajar.
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, señaló que el trabajo del Instituto Nacional de Rehabilitación procura mejorar las condiciones de vida de quienes están privados de libertad y facilitar su futura rehabilitación. El jerarca recordó que una de las metas de la cartera que dirige es reducir el hacinamiento en las cárceles, y que desde la última visita de un comisionado de Naciones Unidas se redujo el hacinamiento y solo hay dos establecimientos —Canelones y COMCAR— con sus capacidades colmadas. “Cuando no hay buenas condiciones de vida, tampoco se pueden concretar políticas de rehabilitación”, sostuvo y afirmó que en este período se apunta a las políticas de rehabilitación a través del trabajo y el estudio.
Por último, resaltó que actualmente hay 300 personas privadas de libertad trabajando en chacras en Salto y que hay proyectos para otros departamentos.
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