(Uypress) – La Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) editorializa sobre medidas que buscan el beneficio de la banca privada: la reducción del personal y del presupuesto de los bancos públicos.
Con la instalación de un nuevo gobierno es habitual que se establezca un conjunto de mecanismos para adecuar los instrumentos disponibles y las instituciones del Estado al cumplimiento de sus orientaciones y objetivos. Estos pueden ser explícitos y presentados con claridad para el debate a la ciudadanía, o permanecer ocultos para solo quedar en evidencia por los «porfiados hechos».
En el debate electoral, el tema de la cantidad de funcionarios públicos estuvo presente en reiteradas oportunidades y, sin lugar a dudas, fue materia de posicionamiento de la ciudadanía. Sin embargo, no fueron objeto de análisis los efectos que la contracción de los recursos humanos y de los presupuestos salariales del Estado pueden ocasionar en las diversas instituciones y en el cumplimiento de sus cometidos.
Un porfiado hecho es que, en medio de la crisis sanitaria, el Poder Ejecutivo ha puesto a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto al frente del estrechamiento generalizado de la estructura del Estado. Desde ese centro de poder se eliminan contratos en diversas áreas de los servicios públicos, se congelan rubros salariales y se limita la reposición de las vacantes en diversos organismos.
Para ello se utilizaron todas las herramientas administrativas disponibles, mientras se espera que los aspectos contenidos en la Ley de Urgente Consideración abran la puerta a una reforma del Estado mucho más profunda.
Por esta vía, con una formulación burocrática y centralista, se decidió aplicar parámetros generales a áreas tan disímiles del Estado como las oficinas gubernamentales, los organismos ejecutores de políticas públicas o las empresas estatales abiertas a la competencia de mercado, entre ellas las del sector financiero.
En este marco se inscriben las iniciativas dirigidas a cambiar en forma drástica las estructuras de recursos humanos en los bancos públicos. Una de ellas promueve que solo se cubra una de cada tres vacantes generadas en los próximos años, lo que se traduce en una reducción de más de 1000 puestos de trabajo en un quinquenio.
La otra implica que las administraciones deban elegir, entre los ascensos requeridos para su funcionamiento, cubrir los diversos niveles de cargos de la estructura funcional y la contratación de nuevo personal sin incrementar sus presupuestos.
El impacto de estas medidas afectará en forma directa la política de recursos humanos de las instituciones y limitará la atención natural del recambio generacional que toda institución requiere. Los bancos públicos se verán privados de las nuevas habilidades y conocimientos necesarios para responder al proceso de renovación tecnológica y a los requerimientos que impone la competencia en el sistema financiero.
El desbalance entre el ingreso de personal nuevo y la cobertura de las vacantes de cargos con mayor responsabilidad provocará una fuerte tensión en materia de gestión de los recursos humanos. Ello obligará a modificar la carrera funcional, la relación entre cargos y responsabilidades y la dotación en los niveles jerárquicos, con efectos negativos sobre la gestión y las condiciones de trabajo.
Un segundo aspecto de este proceso es el deterioro que significa para los bancos públicos, tanto en sus factores de competencia y rentabilidad como en lo referido al cumplimiento de su rol social.
La disminución de la capacidad de competencia seguramente provocará un perjuicio en la atención de algunas líneas de negocios muy apetecidas por la banca privada. Se trata precisamente de las que dan sustento a los altos niveles de rentabilidad alcanzados por los bancos públicos en los últimos años.
Si a esto sumamos algunos anuncios desmonopolizadores en el mercado de los seguros, encontramos claros indicios de que asistiremos a un nuevo debilitamiento de los bancos oficiales. Los que sufrirán este daño son los bancos de todos los uruguayos, que han generado importantísimas ganancias en los últimos años, en su inmensa mayoría destinadas a financiar al Estado y diversas políticas de desarrollo.
Pero sobre todo se afectarán áreas de importante sensibilidad social, como es el caso de la red física que hace de la banca pública el único medio de acceso al sistema financiero para cientos de localidades y zonas del país. También se verán menoscabadas áreas de negocios imprescindibles para la sociedad.
Tal es el caso del financiamiento y los servicios dirigidos a los sectores más sensibles, como el crédito social, la financiación de las pequeñas y medianas empresas, la atención de accidentes de trabajo y hasta el crédito inmobiliario, con la incidencia que tiene sobre el empleo y la actividad económica.
Resulta fundamental que todo el diseño en materia de recursos humanos de la banca pública, lejos de responder a decisiones generalistas para todo el Estado, provenga de estrategias surgidas de los directorios y su personal superior, en atención a las necesidades provenientes del mercado y originadas por la competencia.
Y la política de recursos humanos debe también corresponderse con las definiciones de la función social de las instituciones, que les exige atender a la inversión en el desarrollo productivo y en las necesidades de la población.
El alcance de las medidas planteadas, tanto en materia de relaciones laborales al interior de los bancos oficiales como por su impacto sobre el cumplimiento de sus cometidos, nos plantean un escenario que deberemos enfrentar como sindicato. Lo haremos reclamando el funcionamiento de los ámbitos naturales de negociación colectiva frente a los cambios regresivos que se pretende introducir.
Enfrentaremos este escenario tanto por el deterioro de las condiciones de trabajo como por la pérdida de espacio de mercado y la reducción de la función social de los bancos estatales. Lo haremos junto a la población, junto a sus verdaderos dueños y beneficiarios de lo que ellos generan.
Sé el primero en comentar